Compañeros: Sabemos el esfuerzo que diariamente realizan para lograr una mejor y más eficiente administración de justicia, la dedicación y el empeño que cada uno de ustedes pone para que el trabajo rinda sus frutos. El resultado con la fuerza del conjunto ha sido siempre un salario digno y el mantenimiento del derecho a la carrera. Hoy todas estas cosas están siendo puestas en riesgo. Somos conscientes al igual que Uds. que los cambios económicos operados en nuestro país, a partir de la primera devaluación, han dado por resultado el cierre de negocios, caída del consumo, deuda externa y suba de tarifas entre otros.
Nuestro sector ha sido fuertemente cuestionado y ha recibido críticas por parte del actual mandatario presidencial, quien “no le encontró ninguna virtud”. Este gobierno cuestionó nuestro régimen de licencias y fustigó a los abogados y jueces que resguardan nuestros derechos ante un conflicto en el ámbito laboral. Bajo el eufemismo de “fortalecer la república y la calidad institucional”, cuestionó nuestro salario y horarios de labor y afirmó que nuestro régimen de licencia era “generoso”, mostrándonos como privilegiados a fin de ocultar las falencias del Estado. Desconociendo absolutamente el trabajo del empleado judicial.
Agreguemos que la coparticipación federal a nuestra provincia ha disminuido y que el consenso fiscal comienza a regir a partir del presente año. El gobierno nacional busca paliar el déficit fiscal mediante una disminución de la presión fiscal (y, por ende, ingresos del fisco provincial – varias actividades no pagarán Ingresos brutos) para aumentar la actividad de las empresas (que nadie puede asegurar que ocurrirá y así aumentar la recaudación del fisco nacional), proceso que puede llevarse adelante solo mientras contrae deuda con interés y no solo para palear el déficit fiscal. Ello, requiere un “Aceleramiento del ajuste” y dejar de lado el “gradualismo” que venía implementando. Todo repercutirá en las provincias, así por caso se dispone un organismo federal con participación de las provincias, con el objeto de lograr que las “valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial”, valuaciones sobre las que luego se practica el cálculo del impuesto inmobiliario.
El medio para obtener el resultado planteado es claro, solo los trabajadores realizaremos el esfuerzo fiscal frente a la inflación, con nuestro salario y con la caída de nuestros derechos. Si este gobierno mantiene el rumbo sin consideraciones hacia la clase trabajadora, sin responder a los legítimos intereses expresados por la Confederación General de Trabajadores de la que somos parte, no podremos dejar de reaccionar por nuestro bienestar y el de nuestras familias.
SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES
