El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe observa con gran estupor la intempestiva reacción injustificada de los presidentes de los colegios de abogados de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela quienes el 15 de diciembre del corriente enviaran el escrito DEMAGOGO Y TRIBUNERO, a la Corte Suprema con motivo del aumento otorgado por ese alto cuerpo de los tickets de mandamientos y notificaciones, siendo que los de mandamiento que hoy están en $ 800 a partir del 01/02/2023 costarán $1.000 (25% de aumento) y los de cédulas que de $500 pasarán a la misma fecha a costar $600 (20% de aumento).

El valor anterior fue estipulado en el mes de junio de 2022 (Acordad Nº 23 del 28/06/2022) haciéndose efectivo de agosto 2022.

A nadie se le escapa, excepto a los firmantes de la misiva, el proceso inflacionario que vive nuestro país y que según datos del INDEC la inflación de agosto fue del 7%, la de septiembre del 6,2%, la de octubre del 6,3% y la de noviembre el 4,9% (resultando un total del 24,4%), tengamos en cuenta que falta considerar diciembre, enero y febrero ya que los trabajadores y trabajadoras lo hacen efectivo a finales del mes.

Los términos vertidos en esa nota que firman los presidentes de los cinco colegios de abogados de la provincia tales como:

…resulta verdaderamente desproporcionado en relación a la inflación…

“…constituye un obstáculo más para el acceso al servicio de justicia…”

“…además de excesivo resulta inoportuno y abusivo imponer el aumento dispuesto por cuanto en nada en contribuye a mejorar el servicio de justicia…”

Afirmaciones que resultan irrisorias, cuanto menos alejadas de la realidad pretender que los trabajadores/as judiciales que para diligenciar los mandamiento y notificaciones están expuestos de 13 a 20 horas los notificadores/as y a cualquier hora los/as oficiales de justicia a la violencia urbana por todos conocida, no sean merecedores de la correspondiente actualización de los tickets atendiendo el proceso inflacionario reinante en nuestro país.

Entendemos que “…una mayor dificultad para los ciudadanos de peticionar por sus derechos…” no se genera en el valor de $1.000 o $600 de un ticket. Por otra parte si esos valores resultaran tan onerosos el Código de Procedimiento Civil y Comercial en el art. 66 da la posibilidad de notificar por carta certificada con acuse de recibo.

Con la convicción de que los profesionales del derecho no son nuestros enemigos invitamos a los presidentes de los 5 colegios de abogados de esta provincia a reflexionar antes de querer cercenar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

COMISIÓN DIRECTIVA, 16/12/2022