Como es sabido, intempestivamente nos encontramos los integrantes del Poder Judicial y la totalidad de los empleados públicos, con un atraso en el pago de los haberes a los activos y pasivos.

Tal decisión política genera zozobra y angustia a todas y todos aquellos que esperan su salario para el pago de las obligaciones que nada esperan.

Sabemos de la crisis económica y financiera del país y de la provincia, pero también sabemos y es nuestra responsabilidad defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

Sin explicación alguna de las autoridades por el retraso, solo queda pensar que se trató de cerrar los números sin medir sus consecuencias, donde los trabajadores y trabajadoras afrontan servicios, alquileres, impuestos y la mesa diaria de comida en su casa. Con seguridad también obedece a la falta de una transición ordenada para la instalación de un nuevo gobierno y como consecuencia de ello, una vez más, terminamos siendo perjudicados los trabajadores y trabajadoras, utilizándonos siempre como variable de ajuste.

Por ello, exhortamos a los Poderes Públicos a que con un trabajo coordinado se eviten estas situaciones y corrijan la actual poniendo el hombro todos, en beneficio común y sin ocasionar situaciones límites evitables con un dialogo sincero y eficaz.

COMISIÓN DIRECTIVA