No caben dudas que al día de hoy no podemos soslayar que la pandemia ha causado estragos en el mundo entero, vulnerando los sistemas hospitalarios de los países más desarrollados y en nuestro país puso al desnudo nuestra realidad como nación en vías de desarrollo, lo cual llevó a que todas las autoridades políticas privilegien la vida de los argentinos por sobre la actividad económica.

El Poder Judicial no es ajeno a este contexto, en tal sentido enfrentó y enfrenta de la mejor manera posible, el desarrollo de las actividades jurisdiccionales, cuidando al mismo tiempo el respeto a la ciudadanía y a sus derechos,  entre los más importantes el derecho a la salud pública y a la vida, tanto de los integrantes del Poder Judicial, como de aquellos que concurren a diario a los tribunales, en particular de los profesionales del foro.

Es sabido que este proceso por parte del Poder Judicial, tuvo marchas y revisiones permanentes, resultado del cual sus logros son mayores a sus defectos, pues el ciudadano santafesino de modo alguno vio menoscabado su derecho y muy por el contrario a lo largo y ancho de la provincia, con la celeridad del caso, fue atendido por jueces, funcionarios y empleados que dieron curso a sus peticiones, lográndose así un pleno equilibrio entre el cuidado de la salud pública y el acceso a la justicia.

Lamentablemente aparecen voces disidentes que arrogándose la representación de la ciudadanía, descalifican y menosprecian al Poder Judicial, cuando magistrados, funcionarios y empleados han puesto lo mejor para cumplir con sus obligaciones y han estado a disposición de la Corte Suprema de Justicia para efectuar su labor.

La Corte Suprema de Justicia, ha sido ofendida gratuita e injustamente, pues recibió agravios por limitarse a cumplir con su deber constitucional, al observar lo ordenado por el actual Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández y por el actual Gobernador CPN Omar Perotti, con relación al aislamiento social preventivo y obligatorio y a los protocolos de salud dispuestos que son de orden público para todos los habitantes de nuestro país.

Al día de hoy y  paulatinamente, el Poder Judicial se va reencontrando con la normalización de sus actividades, pero siempre con el pleno respeto del marco legal vigente que conforman las normas de profilaxis que dicten la nación y la provincia, sin que nadie se ofenda, pues se ha de privilegiar el cumplimiento del deber legal que como funcionarios públicos nos corresponde, dando prioridad a la salud de los trabajadores y trabajadoras y público en general, ante el innecesario apuro de abrir todo un tribunal con los riesgos que ello conlleva.

Expresamos también nuestra solidaridad con todos los integrantes del Poder Judicial que se vieron ofendidos por términos agraviantes y descalificativos y peor aún por  describirnos despectivamente como “asalariados”, cuando para nosotros pertenecer al Poder Judicial como funcionarios públicos es una Opción de vida, es trabajar diariamente para construir un país más solidario y justo, que garantice la movilidad social y al acceso a la justicia de los más humildes.

Este gremio no permitirá que se ponga en peligro la salud de los trabajadores y de las trabajadoras y de quienes concurran al Poder Judicial, pues somos defensores de la libertad y del acceso a la justicia, pero no somos irresponsables y muy por el contrario coincidimos con lo expresado por nuestro Presidente de la Nación cuando dijo: “Me preocupa que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos” (Diario El Litoral 22.03.2020). Pues, a la Justicia no hay que degradarla, sino afianzarla como nos ordenaron los padres de la patria, y por ello, más que propalar agravios, hay que evitar la irresponsabilidad de eludir los mandatos constitucionales y legales.

Por ello, exhortamos nuevamente a las autoridades del Poder Judicial a continuar con el respeto de los DNU y demás normativa sanitaria del gobierno nacional y provincial y a la reapertura paulatina de las actividades jurisdiccionales en toda la provincia, con el cumplimiento obligatorio de las normas de profilaxis que no solo protegen a magistrados, funcionario y empleados, sino también aquellos auxiliares de justicia que concurren con su labor y a todos los ciudadanos.

COMISIÓN DIRECTIVA – 7 DE MAYO DE 2020.