Que este modus operandi de armar causas judiciales contra dirigentes por parte de funcionarios del gobierno de Cambiemos, como expresara Marcelo Villegas, ex Ministro de Trabajo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires; era una práctica habitual, lo vimos cuando tenían como víctimas a la vice presidenta Cristina Fernández, a Milagro Sala, a Amado Boudou, al dirigente de SUTEBA Roberto Baradel, entre otros.

Estos hechos que hoy los dejaron expuestos una vez más pero que ya conocemos de lo que son capaces de hacer, no hacen más que confirmar ese afán persecutorio contra las organizaciones gremiales y democráticas.

El querer tener una GESTAPO como la de Hitler para terminar con los gremios, deja al desnudo las intenciones y alcances en la aplicación de las políticas neoliberales como fue la represión de la que se valió la dictadura cívico-mi litar de los años 1976 a 1983 para imponer por la fuerza esos planes económicos destructivos del aparato productivo nacional.

Utilizando estas prácticas ilegales y coactivas, en el fondo lo que siempre han buscado y buscarán es quitarnos derechos y condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras.

No sólo merece el repudio de toda la ciudadanía, sino que exigimos la inmediata investigación judicial contra esos funcionarios, sino también hacia sus cómplices dentro del Poder judicial.

SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DE SANTA FE

UN ESTADO DE DERECHO EXIGE PRÁCTICAS POLÍTICAS LEGALES Y HONESTAS

Ante la aparición de hechos que permiten confirmar, definitivamente y sin dudas, que en la Argentina existió durante el gobierno de Cambiemos un artero ataque político cuyo objetivo era disciplinar y condicionar, entre otras organizaciones, a los representantes del movimiento obrero, merece nuestro repudio institucional.

Que el poder político de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la coalición de Cambiemos, desee tener como herramienta de control y dominación una policía secreta tipo GESTAPO nazi, habla por sí solo del objetivo persecutorio y disuasorio contra las organizaciones gremiales y democráticas.

Nos encontramos con un verdadero modus operandi coordinado por el poder político, donde el fin no era otro que quitar derechos y condiciones a los y las trabajadoras, apuntando directamente y concausas armadas a dirigentes sindicales.

Desde la CGT queremos rechazar enfáticamente este tipo de maniobras que se alejan de las prácticas democráticas que necesitamos para construir un país donde la división de poderes sea un valor importante para convivir en paz y armonía social. El modo de discernir las diferencias siempre es la discusión política y nunca puede ser la ilegalidad de una coacción de quienes representan al Estado. Coacción que tenía por objetivo atacar a los más débiles y sus instituciones obreras en la búsqueda de la quita de derechos y de representatividad gremial. Urge que la Justicia tome directa intervención ante esta denuncia y avance aplicando la ley que estos funcionarios pretendían forzar y evadir.

Los derechos y conquistas laborales no pueden ser saqueados a través de mesas judiciales o acuerdos a espaldas de los trabajadores. Cada beneficio en cualquier Convenio Colectivo o en el marco legislativo de protección laboral ha sido el producto de la fuerza solidaria de los trabajadores. Y eso no puede, ni debe, someterse a la intencionalidad política de un gobierno para beneficiar a los socios de turno.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2021. CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL.